jueves, 11 de abril de 2013

ACCION URGENTE NORDESTE ANTIOQUEÑO- CAHUCOPANA

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste CAHUCOPANA,  organización social que trabaja por la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos de las comunidades urbanas y rurales de los Municipios de Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia
(Colombia)  denuncia ante la comunidad nacional e internacional nuevas acciones criminales de intimidación desarrolladas por  Carlos Mario Agudelo, alias   “Caguiso”, a quien las comunidades relacionan como presunto integrante de un grupo paramilitar que opera en la zona.

HECHOS

El día de hoy 10 de abril de 2013, siendo las 11:45 AM, se conoció por información de las comunidades del Municipio de Remedios (Antioquia) que el señor Carlos Mario Agudelo. Alias “El Caguiso”, viene realizando investigaciones en la zona con el objetivo de conocer el número de personas, rutas y posibles horas de retorno de las comunidades del Nordeste Antioqueño participantes en la movilización  Nacional por la Paz, realizada el día 09 de abril de 2013, en la ciudad de Bogotá D.C. en respaldo al proceso de dialogo que adelantan el gobierno Colombiano y el grupo insurgente delas FARC-EP en la Habana (Cuba). Estas nuevas acciones de intimidación de las cuales vienen siendo víctimas las comunidades del nordeste antioqueño fue informada de manera inmediata al Alcalde del Municipio de Remedios, el señor, JORGE ELIECER GIL, exigiéndole que como primera autoridad adelante todas las acciones que sean necesarias para garantizar la vida e integridad física de estas personas. La respuesta que emitió el señor Alcalde del Municipio de Remedios a la solicitud realizada por la Corporación CAHUCOPANA consistió en afirmar que no podía realizar como primera autoridad ningún tipo de acción para prevenir la ocurrencia de hechos  criminales en contra de las comunidades y que adelantáramos de manera directa las acciones que consideremos pertinentes ante las autoridades civiles, policiales y militares, como también de organismos de control, tales como defensoría del pueblo, personería Municipal de Remedios.


ANTECEDENTES

El día 7  de abril de 2013, siendo as 4:30 PM, la corporación Cahucopana, fue informada  por parte de habitantes de la jurisdicción del municipio de Remedios Antioquia de la presencia de grupos paramilitares en la vereda Martana. Estos hechos se presentan en el marco del desplazamiento a la ciudad de Bogotá  de las comunidades campesinas de las zonas rurales de Remedios y Segovia, que harán parte de la movilización Nacional convocada para el día 9 de abril en la ciudad de Bogotá. La  constante presencia de retenes paramilitares en los terminales regionales y vías de acceso como  las rutas a las Veredas, Plaza Nueva, Cañaveral y Santa Marta, ha sido denunciada de manera reiterada por nuestra Corporación.


POR  LOS ANTERIORES HECHOS EXIGIMOS AL  ESTADO COLOMBIANO

1.     Que las autoridades competentes brinden reales garantías para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los y las campesinas que estarán movilizándose por  estas rutas estas para retornar a sus  veredas.

2.     A la Fiscalía General de Nación, adelantar  todas  las investigaciones judiciales  que sean pertinentes ante las constantes denuncias de las comunidades por las amenazas e intimidaciones que viene realizando el señor, Carlos Mario Agudelo. Alias “El Caguiso”.

3.      A los entes de control como Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría,  el cumplimiento de sus funciones para que  se investigue de manera urgente la presencia  de grupos paramilitares en la zona y se
adelanten todas las  alertas tempranas y demás actividades de acompañamiento humanitario a estas comunidades.
SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL Y NACIONAL.

1.     Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a estas comunidades que hacen su retorno a la región del Nordeste Antioqueño, luego de su participación y expresión masiva  en la jornada de movilización en respaldo al proceso de diálogo de paz.

2.     Instar al Estado Colombiano para que dé cumplimiento real y permanente a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las comunidades en todo el territorio nacional.

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