Teniendo en cuenta el pliego general de peticiones agropecuarias y
populares que a nivel nacional se han trazado como exigencia en el marco
del paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de agosto de
2013, y con el fin de generar un acercamiento a la solución de las
problemáticas estructurales que vive Colombia, donde la carencia de accesos a derechos
sociales, civiles, políticos y ambientales, demuestran la gravedad de la
crisis económica y social de los territorios que genera de manera
acelerada el crecimiento de la pobreza y violencia del país.
Enfrentamos el proceso de la llamada globalización impuesto por Estados
Unidos y otros países poderosos, mediante organismos multilaterales y el
Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales
avanzan en el control mundial de la producción y distribución de alimentos
y de los territorios, aplicando la apropiación monopolista y la
manipulación de las tecnologías, y mediante las medidas de reforma política
y represión que imponen y garantizan tanto ese control, como el dominio
territorial.
A nivel departamental, las problemáticas se recrudecen y someten a la
población al dominio total; donde se quiere hacer del departamento de
Antioquia una localidad directamente dependiente de las necesidades
económicas, políticas y demográficas de las trasnacionales, desconociendo
la vida comunitaria, y los derechos democráticos, colectivos, económicos
sociales y culturales.
Todo esto a nombre del “libre comercio”, o sea la libertad del capital
internacional para disponer a su gusto de la, economía departamental, las
comunidades, las personas, sus tierras y su fuerza de trabajo.
Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluricultural de
campesinos, indígenas, afrocolombianos, pequeños y medianos mineros, para
las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a
trabajar en nuestros territorios.
Es por ello que hoy levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos
vehementemente y llamando al pueblo colombiano a oponerse a las políticas
neoliberales, así como a la guerra y la restricción de las libertades
civiles y políticas.
Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de un
pliego de exigencias como estrategia para reclamar la participación en
las políticas públicas departamentales y nacionales de las cuales
históricamente hemos sido excluidos. Reclamamos una política pública
participativa y propositiva para abrir caminos y demostrar que somos parte
de la solución a los problemas clave del sector y del país.
*EXIGENCIAS DE LA POBLACIÓN MINERO- CAMPESINA, AFRODESCENDIENTE E INDIGENA
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUR DE CÓRDOBA *
El departamento de Antioquia y sur de Córdoba, a partir de las 6 exigencias
centrales de convocatoria al gran paro Nacional, sustenta una serie de
reivindicaciones que como departamento, son exigencias de las comunidades
minero- campesinas, Afro descendientes e indígenas, trazando así nuestras
razones políticas para sustentar nuestra participación de manera activa en
las jornadas de agitación, movilización y reivindicación.
*1. **EXIGIMOS GARANTIAS*
* *
Amparados bajo los artículos 20 y 37 de la constitución política de
Colombia y demás normas, acuerdos y protocolos firmados por el gobierno de
Colombia ante las instancias de derechos humanos nacionales e
internacionales y naciones unidas que firman. Desde La Mesa de
Interlocución y Acuerdos Antioquia, exigimos al gobierno nacional,
departamental y local a las fuerzas militares y de policía a los organismos
de seguridad del Estado (SIJIN, DIJIN, SIPOL, DIPOL, CTI):
1.1 Garantías tanto para a los líderes como para los voceros de esta
legítima protesta agraria, minera y popular, de igual manera garantías para
los manifestantes que en ella se expresan.
1.2 La no judicialización, persecución, ni estigmatización de los líderes
ni de la protesta social.
1.3 Garantías y estímulos para el desarrollo de La Constituyente Agraria
del Departamento de Antioquia y el Sur de Córdoba.
1.4 Exigimos la libertad de los dirigentes campesinos que han sido
judicializados a través de falsos positivos judiciales previos al paro y a
los participantes del paro.
1.5 Exigimos garantías económicas para el retorno de la población que
participa del paro desde el 16 de agosto luego de la culminación de este,
además de una indemnización económica para la población participante del
paro nacional agrario por los días de no trabajo.
1.6Exigimos el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para
campesinos, indígenas y mineros por parte de todos los actores armados.
* *
* *
*2. **EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA*
* *
*2.1 **Dotación de tierras*
2.1.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos,
indígenas y afrocolombianos, mediante la compra directa de tierras en
cantidad suficiente y de buena calidad o la titulación inmediata de las
tierras baldías que ocupan los campesinos.
2.1.2 Iniciar adelantar y culminar en un tiempo no mayor a un año los
procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras
poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a estos.
*2.2 **Política de tierras*
2.2.1 Detener la Política de Extranjerización de Tierras, esclarecer
las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización;
revertir esas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del
fondo para la adjudicación y dotación de quienes no las tienen.
2.3 Detener la reformulación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y en
todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
* *
1. *Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la
crisis de la producción agropecuaria *
3.1 Derogatoria de la normatividad que afecta la producción,
transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos
productores (semillas, encadenamientos productivos, etc.) De igual forma
exigimos la concertación de la legislación para la promoción de la
producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y garantías efectivas
para el acceso a los mercados. Enfatizando necesariamente en la protección
y recuperación de la semilla nativa.
3.2 Suspensión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la
unión Europea, China y demás países
3.3 Exigimos el apoyo para el desarrollo de proyectos productivos
alternativos a la minería que sean viables bajo las condiciones de la
región. En la zona minera es indispensable garantizar la soberanía
alimentaria.
3.4 Revaluación de los proyectos de erradicación de cultivos de uso ilegal.
3.5 Sustitución de cultivos de uso ilegal para el desarrollo de proyectos
productivos concertados previamente con la comunidad de acuerdo a estudios
de viabilidad ambiental.
* *
1. *Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina*
* *
*4.1 **ZONAS DE RESERVA CAMPESINA*
4.1.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva
Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron los trámites del
caso.
4.1.2 De igual manera se exige el cumplimiento de la labor misional
del INCODER en lo referido al impulso y constitución de nuevas Zonas de
Reserva Campesina en los territorios que las comunidades lo soliciten,
generando contratación directa con las Juntas de Acción comunal,
asociaciones campesinas y organizaciones de base, para el fortalecimiento y
construcción de la figura de Zonas de Reserva Campesina. Esto en un término
no mayor a un año a partir de la solicitud.
*4.2 **FINANCIACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TERRITORIALIDAD*
* *
*4.2.1 *La financiación y ejecución de los planes de Desarrollo
sostenible y sustentable en las zonas de Reserva Campesina constituidas y
las que se constituyan.* *
*4.2.2 *La financiación de redes de comercialización de proveedores de
insumos y materias primas organizadas desde la comunidad campesina y minera.
* *
* *
1. *Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros
pequeños y tradicionales en la formulación del desarrollo de la política
pública minera.*
* *
*5.1 **PROTECCIÓN FRENTE A LA GRAN MINERIA*
* *
*5.1.1 *Detener la concesión de títulos mineros y revertir las
concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las
comunidades rurales la política minera del país.
* *
*5.2 **RECONOCIMIENTO, FORMALIZACIÓN Y RESPETO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
MINERIA***
* *
*5.2.1 * Exigimos la derogación del Decreto 2235 de 2012
.**
* *
*5.2.2 *Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña
y mediana. Generar mecanismos para la formalización de la actividad minera
dentro de las Zonas de Reserva Campesina – (ZRC), constituidas y por
constituir, y a nivel departamental con las demás zonas rurales.
*5.2.3 *Exigimos respuestas en términos jurídicos a las necesidades
concretas de los mineros y campesinos, quienes han sido víctimas de
decomisos de insumos, destrucción de maquinaria y confiscación de material
aurífero **
* *
*5.2.4 * Acompañamiento técnico a las actividades mineras para mejorar
los procesos de exploración que permita a los mineros obtener una
estabilidad/seguridad mínima durante la explotación. **
* *
* *
*5.3 **POLÍTICA AMBIENTAL Y MINERO-ENERGÉTICA NACIONAL*
El otorgamiento de un título minero en cuanto concede a su titular la
facultad para explorar y explotar los minerales del territorio afecta e
incide necesariamente en la vida de la comunidad que habita el territorio y
por lo tanto esta tiene todo el derecho a ser previamente consultada. La
Corte Constitucional a través de las Sentencias T-652 de 1999 y T-955 de
2003 entre otras, ha señalado los vicios de constitucionalidad que tiene el
Decreto 1320 de 1998 que reglamenta la Consulta Previa en Colombia
generando la recomendación de lo OIT sobre la modificación del mismo, a
partir de ahí, exigimos otorgar el derecho a la consulta previa, a las
comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno,
en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo
cultural. La nueva Ley Estatutaria de Consulta Previa debe desarrollar el
concepto de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) caracterizado
por la Corte Constitucional en lo referente a proyectos de gran minería. En
particular se exige consultar y acordar previamente con las comunidades,
todas las acciones de intervención territorial derivadas de la construcción
y operación de proyectos minero-energéticos en la región.
* *
*5.3.1 *Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y
medianos y las comunidades campesinas que hacen trabajo de Minería de un
nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación
minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los
métodos para su realización y la participación nacional y local de los
costos económicos. Para hacer efectiva esta exigencia proponemos la
creación de un decreto reglamentario del código de minas que establezca el
protocolo y el alcance del concepto de consentimiento libre, previo e
informado referente a la consulta previa extendiéndola más allá de las
comunidades indígenas y afrodescendientes hacia las campesinas.
* *
*
*
5.3.2 Exigimos la declaración de moratoria de la actividad minera de
las empresas trasnacionales hasta que no se concerte el Nuevo Código
Minero. Proponemos 3 vías para la declaración de esta moratoria, vía
iniciativa legislativa, vía referendo o consulta popular en los términos
establecidos en la Ley 134 de 1994.
*5.3.3 *Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la
participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad
minera.
* *
*5.3.4 *Exigimos la presencia de funcionarios con capacidad de
negociación y de poder decisorio, por parte de EPM, para tratar temas de
afectación de represas, como, Porce III a las comunidades afectadas en su
actividad económica como, pequeña minería, pesca y transporte fluvial.
Porce IV afectación por indefinición de construcción del proyecto
hidroeléctrico, exigimos levantar la declaratoria de utilidad pública que
tiene EPM ya vencida y afecta a propietarios y poseedores de las 15.300
hectáreas de este proyecto. HidroItuango para comenzar procesos de dialogo
y tener en cuenta la afectación de la ejecución de este proyecto aguas
abajo en las actividades de pesca y pequeña minería relacionado con la
mitigación de impactos. Exigimos el reconocimiento y respeto por las
organizaciones comunitarias que vienen adelantando los procesos de
negociación con esta empresa, tal es el caso de la asociación de mineros de
Ituango y Consejo Mayor Comunitario del Porce.
* *
*5.3.5 *Exigimos que las zonas de influencia en donde estén construidos
y se vayan a construir proyectos hidroeléctricos estén cobijadas por una
tarifa diferencial de los servicios públicos y electrificación total de las
zonas rurales.
*5.3.6 *Realización de estudios de viabilidad ambi*e*ntal y social para
cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base
para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de
dichos proyectos. A partir de ahí Implementar proyectos tecnológicos en las
explotaciones de veta y aluvión que permitan reducir al máximo el uso de
contaminantes como el mercurio en la etapa de beneficio. Así mismo, es
indispensable reducir la cantidad de residuos sólidos que se arrojan a las
fuentes de agua.
*5.4 *El Convenio sobre Diversidad Biológica en su artículo 8 y la
Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial, establecen
blindajes frente a la gran minería para proteger el patrimonio cultural
inmaterial, en este contexto se debe adicionar a la legislación minera las
facultades caracterizadas en el convenio y la convención anteriormente
nombradas a las Zonas de Reserva Campesina que hayan sido constituidas o
estén en proceso de constitución y a partir de ahí sujetar el desarrollo de
actividades de gran minería a los Planes de Desarrollo Sostenibles y
sustentables de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial
construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del
suelo, y a las demás áreas que no estén constituidas pero que participen en
el desarrollo de los planes.
*5.5 *Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
A través de una figura de consulta o participación popular.
* *
5.6 Exigimos a corto plazo involucrar empresas de capital público en el
negocio de la minería para que a partir de ahí nos propongamos como país
soberano a administrar la producción de ciertos minerales estratégicos (
petróleo, oro, coltan, asbesto, platino, carbón, piedra caliza).
5.7 Exigimos evaluar la constitucionalidad y la legitimidad de todas las
exenciones y subsidios al sector minero energético transnacional.
5.8 Exigimos la creación de un instrumento denominado licencia social,
análoga a la licencia ambiental, que permita de manera integral, articulada
y coherente garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la salud,
a la intimidad, a la propiedad y a la participación de las comunidades.
Este instrumento requiere creación legal y corresponde al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural con la participación activa de las
comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes junto a los mineros
pequeños y tradicionales participar de manera efectiva en esa elaboración.
Se hace extensiva la licencia social para los megaproyectos hidroeléctricos
en construcción y por construir.
5.9 Exigimos la protección de los recursos de flora y fauna nativas en la
implementación de los planes de mitigación de impactos que hacen las
empresas multinacionales mineras e hidroeléctricas a través de la
reforestación con semillas nativas y fauna silvestre.
5.10 Además de las comunidades indígenas y afro descendientes, también
sean tenidas en cuenta las comunidades campesinas organizadas dentro de las
corporaciones autónomas regionales, (CORANTIOQUIA) en la construcción de
planes y políticas de conservación, recuperación y extracción de maderas y
fauna silvestre. Igualmente el otorgamiento de licencias ambientales para
la nueva apertura de vías terciarias que favorecen el desarrollo de estas
comunidades protectoras del medio ambiente participantes en este pliego.
* *
1. *Exigimos se adopten las medidas y se cumplan las garantías reales
para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.*
* *
*6.1 **RECONOCIMIENTO DEL CAMPESINADO*
* *
*6.1.1 *Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de
los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de
la comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Acogiéndonos a esta
convención exigimos:
* *
6.1.2 Protección y reconocimiento estatal de la legalidad, legitimidad
y validez de las organizaciones populares representativas del sector rural
y urbano, donde se agremian las comunidades campesinas, pesqueras, mineras,
indígenas y demás. Reconocimiento y protección de todo proceso
organizativo.
* *
*6.1.3 *Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos
y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la
atención a la población rural.
* *
* *
*6.2 **PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL*
6.2.1 Exigir al gobierno departamental y municipal celebrar las
consultas
populares en donde se le pregunte a la comunidad campesina, y minera si
está de acuerdo con la presencia de las trasnacionales en la región.
* *
*6.2.2 *Exigimos la derogación del Decreto 934 de 2013 por
inconstitucionalidad al desconocer la autonomía de los municipios para
establecer zonas del territorio que queden permanentemente o
transitoriamente excluidas de la minería.**
* *
* *
* *
* *
1. *Exigimos inversión en la población rural y urbana en salud,
educación, vivienda, servicios públicos y vías.*
* *
* *
*7.1 **EDUCACIÓN*
* *
*7.1.1 *Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral
de población rural al sistema de educación básica y media, superior y
técnica.
* *
*7.1.2 *Exigimos el impulso de proyectos educativos en miras a mantener
y recuperar la identidad campesina en el departamento de Antioquia y sur
de córdoba.
*7.1.3 *Exigimos la construcción de centros de educación, y el
nombramiento de planta docente para todas las instituciones educativas en
los municipios del departamento de Antioquia y sur de córdoba incluyendo
zonas rurales y urbanas.
*7.2 **SALUD*
* *
*7.2.1 *Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley
Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva
legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral
y que contenga elementos diferenciales para las zonas rurales.
* *
7.2.2 * *Construcción y equipamiento de los centros de salud exigidos
por las comunidades urbanas, campesinas e indígenas. Construcción, dotación
y mejoramiento de los centros hospitalarios de los municipios Vegachí,
Anorí, Caucasia, Amalfi, Remedios, Segovia, Campamento, Valdivia, Yolombó
el Bagre, Taraza, Yondó, Tierralta, Puerto libertador, Monte Líbano,
Ituango, Cáceres y Zaragoza, como también la implementación y
construcción de centros de atención en las zonas rurales de estos
municipios.
*7.3 **SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA*
* *
*7.3.1 *Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a
los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y
alcantarillado con un criterio social.
*7.3.2 *Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de
servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este
motivo.
*7.3.3 * Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las
comunidades organizadas
*7.3.4 *Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios
públicos, que correspondan a los costos reales y no a la especulación y
tarifas diferenciales para las zonas de influencia de los proyectos
hidroeléctricos.
*7.3.5 *Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las
comunidades con criterio social y no empresarial. Del mismo modo exigimos
que se apoyen y financien los proyectos de dotación de infraestructura
energética mediante fuentes alternativas renovables como la energía solar,
e implementación de plantas hidroeléctricas (Pelton) manejadas por las
comunidades.
*7.3.6 *Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y
construcción de vivienda digna urbana y rural. Mientras se resuelva, el
gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los
asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
* *
*7.4 **VÍAS E INFRAESTRUCTURA*
* *
*7.4.1 ** *Exigimos la construcción vial y de infraestructura para
solucionar las necesidades de las comunidades, para sus proyectos de
desarrollo endógeno (PDS-ZRC,) resguardos Indígenas, comunidades Afro
descendientes y Planes de vida.
* *
*7.4.2 *Exigimos la construcción de vías de penetración e interconexión
para los sectores rurales y urbanos, esto implica apertura de ramales,
mejoramientos viales, pavimentaciones, construcción alcantarillados,
puentes y demás obras de adecuación exigidas por las comunidades urbanas,
campesinas, indígenas y mineros tradicionales; de los municipios Barbosa,
Valdivia, Tarazá, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Remedios, Segovia, Yondó,
Ituango,
Caucasia, Cáceres, Amalfi, Anorí, Vegachí, Campamento, Puerto Libertador,
Montelibano, Tierralta.
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*Garantes:*
· Cruz Roja Internacional
· Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.)
· PNUD
· Defensoría del Pueblo
· Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos en derechos Humanos.
· Personerías Municipales
Procuraduría: Procurador delegado para asuntos agrarios y de medio ambiente
· IAP - Acompañamiento internacional para ACVC
· Arquidiócesis de Medellín
* *
* *
*Convocados a la MIA:*
· Presidente de la República
· Gobernadores de Antioquia y Córdoba
· Alcaldes de los municipios nombrados dentro del pliego de
peticiones
· Ministerio de Minas Y Energía
· Ministerio de Medio Ambiente
· Ministerio del Interior
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Agricultura
· Departamento de Planeación Nacional
· INCODER
· CORANTIOQUIIA
· Diputados de la Asamblea departamental de Antioquia y Córdoba
· Representantes a la Cámara por Antioquia y Córdoba
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