Domingo 3 de febrero de 2013
por
CEPRID
Azalea Robles
CEPRID
“Alida Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición
forzada, tortura y homicidio. Según testimonios el atroz crimen fue
cometido por parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la
Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…)
Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos
políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento,
sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y
oficiales contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con
los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus
extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el
estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como
se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo.
¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de
guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con
su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de
manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia. La extrema
intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una
situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y
es causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria
de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política
civil, que parte importante de ésta elije la oposición política
insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la
insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere
precisamente a esa falta de libertades políticas en Colombia. La
liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz
por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no se lo
plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la
par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las
organizaciones sociales denuncian: “Las regiones del país donde existe
mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e
intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que
se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)Existe una
directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que
se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en
su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o
punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia
criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y
amilanar la protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política
afecta no solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o
encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el
pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores
históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar una
reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’. En esa lógica
estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la tortura: la
impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter
de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la
tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la
desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos
políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica
en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de
terror contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca:
los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [3],
viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los
subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por
parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios
paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-.
Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren
extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las
vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra
otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el
estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos,
estudiantiles, etc. Miles de personas están sindicadas y presas sin
juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4]. El uso del
aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en
terror omnipresente: “El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil
demandas por detenciones injustas”[5]. Además, son numerosos los presos
políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos
padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de
tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la
gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman: “Al estado colombiano
que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos
mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna.
Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos
Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno
Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de
la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para
lograr ser escuchados y recibir solución a tan dramática situación?
¿Quién investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en
lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…)
Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero Mauricio
Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7
de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las
prácticas aplicadas sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que
decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de
concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis
humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que
hay en Colombia” [8].
2. Torturas, desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los opositores políticos son también
víctimas de la tortura. Los casos son recurrentes y quedan en la
impunidad. El terror de estado contra familiares y comunidades se
expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por
la herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública;
masacres en las que los desmembramientos, las violaciones sexuales y
otras barbaries buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los
sobrevivientes, para así generar parálisis de la reivindicación social y
masivos desplazamientos poblacionales. De esta forma son despojados los
campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el
desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de
personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más desplazados
internos [9].
Las víctimas preferenciales en las masacres son los
opositores políticos y sus familiares. Innumerables torturas forman
parte de las vivencias colectivas, testimonios de una dominación
mediante la barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis
Carlos Julián Vélez, de 8 años, hijo del entonces diputado del partido
opositor Unión Patriótica, partido que sufrió exterminio por parte del
estado colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres de los opositores políticos son una
población duramente golpeada; y cuando éstos son familiares de
insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático:
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares,
lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades
como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo
su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja
a los pescados, por último, le dieron un tiro… según medicina legal lo
torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano,
tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que
cobrarlo con su vida?”, testimonia Marinelly Hernández, presa política y
de guerra [11].
La tortura contra los familiares de presos políticos se
expresa en el alejamiento geográfico, en impedimentos de las visitas, en
humillaciones: “Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para
visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que
soportar el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las
guardianas de forma abusiva”[12]. Aunado a lo anterior hay varios casos
de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares de presos
políticos a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública:
las agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados
como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos
no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias.
El preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por
parte la policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra
campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en
montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano
menor, luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar
que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño[13].
“Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a
costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas
de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a
su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le
dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo
que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia el CSPP
[Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido
político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que tenía a
cargo la custodia del hijo del detenido político, de seis años. (…) el
detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien
contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él
advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…)
En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no
quiso colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a
capturarla, y por ahí le tengo otros paqueticos’. El detenido político
manifiesta que su hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las
únicas personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de su
hijo”[Ibíd.]. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de
miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que
desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado
las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la
judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las
famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia los niveles de tortura
aberrantes que sufren los presos políticos y sus familiares es el caso
de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso político,
fue violada y asesinada. En febrero 2012 la familia recibió otro golpe,
al ser dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin
siquiera ser juzgado. La impunidad cubre los crímenes de Estado.
Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan
solo nueve años, fue víctima de los delitos de desaparición forzada,
tortura y homicidio, perpetrados por parte de reconocidos paramilitares
en Santander. Fue encontrada sin vida en una cañada, su cuerpo
registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su
muerte. Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso
penal, el atroz crimen fue cometido en ’retaliación’ por parte de los
paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra
el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la
cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió
sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias
‘Volunto’, jefe paramilitar. Además ordenó que se investigue la posible
participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias
‘Jorge’, jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había
desmovilizado en el año 2004, continuaba siendo protegido por la policía
y el ejército en Santander. El 24 de febrero 2012, en Bogotá, fue
capturado Quitian González, procediendo a definirse situación jurídica
por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de
aseguramiento y ordenando su libertad inmediata. La decisión de la
Fiscalía contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse
sobre la demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas. La posición del ente acusador
genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de Alida, quienes
desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido Verdad y
Justicia al Estado colombiano. Estos hechos que conmueven los cimientos
del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten
evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro
país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el
injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra
sus familiares” [14].
3. Conclusión: La tortura como mecanismo de control social
Hay una utilización sistemática de la tortura con una
finalidad clara: la perpetuación de un Status Quo de injusticia social
mediante el miedo. La tortura es inherente a un Estado que ha instaurado
el terror como mecanismo de control social. Un mecanismo amparado por
la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y
articulado en pro de garantizar el libre saqueo de los recursos. La
ferocidad que busca destrozar al opositor político se inscribe en una
lógica de estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes
desquiciados’, ‘negligencias médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el
ejército: hay una planificación del terror, una negación de facto de la
asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina militar del
“enemigo interno”, hay formadores en torturas [15] y hay una política de
“tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la
herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del
drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido. No es
casualidad que ante la intensificación de la entrega del país a las
multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se
implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca
que la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no
tenga límites. La tortura estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre
2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de
ampliación del Fuero Militar, impulsada por Santos: el Fuero Penal
Militar consagra la impunidad para los crímenes de Estado; es una
herramienta indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura y
el exterminio como mecanismos de control social. El congresista Cepeda
expresa: “Es un golpe como pocos en nuestra historia a los Derechos
Humanos. (…)Es altamente probable que todos esos casos de asesinatos de
civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las
más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de
la justicia militar. Las víctimas quedan expuestas a que su derecho a
la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque
en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir
sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o
colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus
crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo. Es la garantía de
impunidad absoluta para intensificar la guerra del terror contra la
población. En cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar,
se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será
imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se
le reconoce al crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad. El
carácter de Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado
en instancias estatales; el cinismo consolida la total impunidad para
los militares.
“En cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones
de la justicia penal militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo
con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por
la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones
extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente
podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de
un ataque generalizado o sistemático contra la población civil,
efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un
Estado u organización’. En palabras del Fiscal General Eduardo
Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de
derechos humanos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la
población civil’. Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder
emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los
fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa
humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones
extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de un
ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la
población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con
una política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a
cuidar los criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y
no por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean
parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población
civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la
política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de una
planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de
imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica que en un país en
el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de civiles a
manos de militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una
directriz ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el
ejército y los medios de desinformación hablen de las “manzanas
podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes
en masa? No hay tal “manzanas podridas”, hay una planificación estatal,
y los ejecutantes de la tortura, violación sexual, ejecuciones
extrajudiciales, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un
ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la
impunidad que le garantiza esa planificación estatal.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa:
“En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de
victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000
ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de
personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen
62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es
adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a
la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Cualquier
iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la
participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…) Es
indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la
libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los
montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta
social”[20].
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte
del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que
abarca el contexto de intereses económicos y la represión política
correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las
que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y
lo que su existencia pone de manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver
las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta
publicación: www.azalearobles.blogspot.com
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos” Informe Situación Carcelaria
http://www.traspasalosmuros.net/node/727
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140827&titular=la-situaci%F3n-carcelaria:-%22en-colombia-existe-9.500-presos-pol%EDticos%22-
[2]Declaración encuentro Campaña "Defender la Libertad un asunto de tod@s"
http://www.comitedesolidaridad.com
/index.php?option=com_content&view=article&id=853:fcspp&catid=29:cele&Itemid=61
[3]Modelo represivo y alerta humanitaria por Hacinamiento carcelario en Colombia
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/04/hacinamiento-carcelario-en-colombia.html?utm_source=BP_recent
28/08/2012 Gobierno revela que existe un 47% de hacinamiento en las cárceles del país, 400% en algunos penales
http://www.rcnradio.com/noticias/gobierno-revela-que-existe-un-47-de-hacinamiento-en-las-carceles-del-pais-18090
[4] Secuestro carcelario, montajes judiciales,
‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/02/secuestro-carcelario-montajes.html?utm_source=BP_recent
[5] ‘El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil
demandas por detenciones injustas’
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=854:wwwrcnradiocom&catid=1:nacionales&Itemid=66
http://www.rcnradio.com/noticias/el-estado-enfrenta-mas-de-12-mil-demandas-por-detenciones-injustas-36645#ixzz2E8CJVnGn
[6] Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e
impunidad revelan una lógica de estado
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/07/tortura-en-carceles-colombianas_4572.html?utm_source=BP_recent
“Padecemos
negligencia médica que en muchos casos degrada nuestra condición humana
como sucedió con nuestro compañero José Dinael Lamprea a quien se le
condenó a la pena de muerte de facto, padeciendo graves tumores que
evolucionaron en un cáncer de huesos.”
http://www.traspasalosmuros.net/node/1048
“Denuncia pública contra el Estado Colombiano por
condenar a pena de muerte al prisionero político y de guerra José Dinael
Lamprea(…) al omitir diagnóstico oportuno, negarle atención médica
adecuada”
http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
“El 25 de noviembre falleció el interno David Guerrero
Leal(…) exámenes no eran los apropiados para detectar su patología
cancerígena, por lo tanto nunca llegaron a tener un diagnostico real y
científico(…)el 21 de octubre (2012) por negligencia medica falleció el
interno Héctor Peñaranda Bayona”
http://www.traspasalosmuros.net/node/1042
“Denunciamos y Rechazamos la condena a Pena de Muerte de Facto a la que
son sometidos los prisioneros políticos en Colombia, a través de la
negligencia médica u omisión de protección a quienes padecen amenazas de
muerte (…) la muerte del prisionero político Vicente Saúl Balcárcel (…)
el 18 de septiembre de 2012(…) luego de haber sido diagnosticado
tardíamente de cáncer del colon y no haber recibido la atención médica
adecuada, a pesar de existir un fallo de tutela a su favor (…) esta
violación a la dignidad humana y los derechos humanos no es un hecho
aislado, recordemos las muertes por responsabilidad del Estado
Colombiano de los prisioneros políticos Jordán Fabián Ramírez, Otoniel
Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro
Manjarrés Cupitre, Alexander Martínez Palacio, entre otros, ocurridas
durante los últimos dos años sin que a la fecha se hayan tomado medidas
efectivas para evitar que ocurran mas muertes(…) Con estas muertes y
omisión de protección el Estado Colombiano ha violentado los artículos
11 y 12 de la Constitución que disponen que “el derecho a la vida es
inviolable, no habrá pena de muerte y nadie será sometido a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”
(…)”http://www.traspasalosmuros.net/node/988
[7] Lazos de Dignidad: “(…)al estado colombiano que
cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos
mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna.
Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos
Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos(…)”
http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
[8]“¿Quién hace justicia con la familia de más de 118
muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles?(…)
Exigimos investigación sobre la muerte de Mauricio Fernández García
miembro de Movimiento Nacional Carcelario el 7 de diciembre por la
absoluta inasistencia medica.” http://www.traspasalosmuros.net/node/1052
[9] Abril 2012: El número de desplazados en Colombia en
el año 2011 llegó a 259.146, la cifra total asciende a 5.445.406, según
denunció la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en
su informe anual "Desplazamiento creciente y crisis humanitaria
invisibilizada", el cual toma en cuenta los casos presentados en el país
desde 1985. Desplazados en Colombia llegan a 5,5 millones, dice Codhes
http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-262261-desplazados-colombia-llegan-a-55-millones-dice-codhes
Colombia, país con más refugiados del hemisferio, y el 1er país del mundo con más desplazados internos del mundo, CODHES
http://kaosenlared.net/america-latina/item/23776-colombia-es-el-pa%C3%ADs-con-más-refugiados-del-hemisferio-y-el-1er-pa%C3%ADs-del-mundo-con-más-desplazados-internos-del-mundo-codhes-reporta-528-millones-de-desplazados.html?tmpl=component&print=1
2011,
Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia país con más
desplazados y refugiados internos
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos-
http://www.codhes.org/
"El 11,42 % de la población colombiana: desplazada de manera forzada”(06-2011) http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf
[10] Asesinado por ser “hijo de comunista”. Asesinato de
Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado por la Unión Patriótica; su
esposa Norma Garzón Moya; su hijo Luis Carlos Bello Garzón, y su hermano
Dimas Elkin Vélez Rodríguez, en el Meta.
http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Asesinato del niño Luis Carlos Vélez Garzón http://sandinovive.info/?page=ver_articulo&id=702
Extractos históricos de la UP:
http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan
de exterminio de la UP “Baile Rojo”. Documental:
http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[11] Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia y se declara en Ruptura con el Estado colombiano, ante un juez:
http://www.traspasalosmuros.net/node/359
[12] “Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario
para visitarnos(…) las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo
en sus partes intimas por parte de las guardianas” Junio 2012,
Comunicado de los Presos Políticos de la cárcel Modelo:
http://clarindecolombia.info/noticias/colombia/1212-comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-modelo.html
http://www.inspp.org/news/political-prisoners/comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-modelo
[13] El preso político Carlos Iván Peña Orjuela,
sometido a presión por parte de la policía judicial de la SIJIN para que
diera falso testimonio contra campesinos. Ante su negativa, la policía
desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar,
bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó
de asesinar a su hijo. Asesinan al hermano del preso político Carlos
Iván Peña Orjuela y la policía amenaza a su hijo de 6 años
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342
“amenazó a su hijo diciendo que “de pronto anochecía
pero no amanecía” el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de
los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano”, CSPP
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=46
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-negro-antonio-denuncia-torturas-carcel-pretenden-convertir-gu
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de
Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: 7
meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la
organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra
el preso político Orjuela por su negación a fungir como testigo falso
en los montajes judiciales de la policía.
http://www.conapcolombia.org/?p=338
Octubre 2011, en huelga de hambre presos políticos de Palogordo
exigiendo asistencia médica para el preso político Peña Orjuela
http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=48
[14] La niña Alida Teresa, hija de preso político,
violada y asesinada por paramilitares, crimen en impunidad, 2012.
http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
2 de marzo 2012, Ordenan Libertad a Jefe Paramilitar
señalado de desaparición forzada, tortura y homicidio de la niña Alida
Teresa en hechos ocurridos en junio 2005 en Zapatoca, Santander
http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[15] Mercenario israelí que entrenó a grupos
paramilitares confirma la participación del Ejército. Yahir Klein: "El
hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis servicios”
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
Yair Klein: el instructor de la muerte http://elturbion.com/?p=1690
[16] A raíz de la visita de la Misión Yarbourough del
ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que
dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia
contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las
guerrillas (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los
Manuales de Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la
Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y
entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962,
1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay
allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por dos
miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe
ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los
movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo
como política de Estado. Investigación Javier Giraldo:
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los Gobiernos de EEUU y el paramilitarismo:
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
El verdadero origen del paramilitarismo en Colombia:
http://www.dhcolombia.info/spip.php?article529
http://www.statecraft.org/chapter9.html
Brig. Gen. William P. Yarborough, "U.S. Special Warfare
Center," in U.S. Department of the Army, Office of the Chief of
Information, Special Warfare U.S. Army: An Army Specialty (Washington,
D.C., 1963), p. 61. A Psychological Operations Course covering all
aspects of psychological warfare was also offered at Fort Bragg, in
consonance with the center’s Psychological Warfare origins.
.Headquarters, U.S. Army Special Warfare School, Subject: Visit to
Colombia, South America, by a Team from Special Warfare Center, Fort
Bragg, North Carolina, 26 February 1962. Kennedy Library, Box 319,
National Security Files, Special Group; Fort Bragg Team; Visit to
Colombia; 3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents Reference
Series (1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1,
State Terror and Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26.
"Secret Supplement, Colombian Survey Report."
[17] Cepeda sobre Aprobación de Fuero Militar: “Es
probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de
militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000
víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia
militar.”
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dC4HhsaJ2XU#!
[18] “Es el otorgamiento a militares y policías de un
cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer (…) con la garantía
de que no van a ser castigados por sus crímenes”
http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814
[19] Tomado de
http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814 que a su vez cita
apartes de la carta de HRW a Santos:
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/25/colombia-carta-al-presidente-santos-criticando-ampliaci-n-del-fuero-militar
“En cuanto a la exclusión de crímenes de lesa humanidad de la justicia
penal militar, cabe hacer presente que de acuerdo con el derecho
internacional, y según fue confirmado por la sala de casación penal de
la Corte Suprema, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y
otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de
lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático
contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de
acuerdo con la política de un Estado u organización. En palabras del
Fiscal General Eduardo Montealegre, “[e]l crimen de lesa humanidad no es
toda grave violación de derechos humanos. El [E]statuto [de Roma] de la
Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o
generalizados contra la población civil”. Por ende(…) para poder
emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los
fiscales deberán demostrar en cada caso que la víctima de violencia
sexual, tortura o ejecución extrajudicial fue agredida en el marco de un
ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la
población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con
una política oficial.”
[20] Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado, 9 de
septiembre 2012 ‘Un proceso de paz con participación de las víctimas’
http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-encuentros/item/2811-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-v%C3%ADctimas.html
Las partes ya publicadas de este Dossier, que consta de 7 partes en su totalidad, son:
Parte I : Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Parte II : Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional; la voz disidente es eliminada
Parte III : Secuestro carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras.
Parte IV: Hacinamiento carcelario en Colombia: Modelo represivo y alerta humanitaria
Parte V: Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan una lógica de estado
Parte VI: Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado
Aún por publicar:
Parte VII: Conclusiones: La oposición al Saqueo se castiga con tortura, mientras la ética se intoxica de unilateralidad
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